El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.

 

Sin embargo, las entidades consideran que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, echan en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.

 

En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre vacíos importantes, dado que la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Además, la regulación de la discriminación en determinados ámbitos sigue siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas.

 

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato considera que esta Ley es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación y para que España deje de estar “en deuda con la igualdad”.

 

Esta Alianza fue creada en 2020 por entidades dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica para impulsar su tramitación definitiva tras dos intentos fallidos en 2011 y 2019 y el compromiso de promulgación de la misma por parte de España ese mismo año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 

Forman parte de la Alianza organizaciones referentes en la lucha contra múltiples formas de discriminación: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz –MPDL-, Provivienda, Red Acoge y Save the Children.